A bien se sabe que los fraudes y otros delitos electrónicos están creciendo, en parte, porque perpetrarlos es menos peligroso que involucrarse en el narcotráfico, por ejemplo, e igual de lucrativo. Y es que quienes los cometen casi nunca enfrentan la acción de la justicia ¿Por qué? Al menos en México la principal razón es que las autoridades no saben ni cómo recolectar las evidencias de los hechos para después probarlos y los jueces deciden de forma subjetiva qué admiten como prueba y qué no.

Incluso se han dado casos en los que las autoridades llegan al lugar donde se cree que están las máquinas desde las cuales se cometió el delito y cargan con ellas. Con eso ya cambiaron la configuración de la red, datos en el archivo y muchos otros aspectos.

También sucede con frecuencia que llega el perito informático y empieza a manipular la computadora del supuesto culpable y después éste alega, con toda sagacidad y pericia, que le “plantaron” pruebas en su equipo.

Frente a esta maraña de confusiones y desaciertos, durante el pasado Congreso de Seguridad en Cómputo, organizado por la UNAM, diversos especialistas hablaron sobre la conveniencia de elaborar una Norma Oficial Mexicana que rija desde la incautación de la evidencia hasta la presentación de la misma.

Los primeros esfuerzos en esto, hay que decirlo, ya se han hecho. Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Periciales elaboraron un manual donde se indican los pasos básicos para, por ejemplo, poder asegurar un equipo.

Esto es un buen inicio, pero hace falta impulsar la norma. Además, para cerrar el círculo hará falta también pugnar por la especialización de los ministerios públicos, crear una fiscalía especializada en crímenes cibernéticos y hacer un esfuerzo por capacitar, incluso, a los policías.

Compártelo